Recién destapado el escándalo de las ‘coimas’ pagadas por
Odebrecht a funcionarios panameños, el Movimiento Independiente por la
Refundación Nacional (MIREN), exigió una explicación prolija y completa por
parte del actual gobierno presidido por Juan Carlos Varela. Ha pasado un mes y
las autoridades nacionales siguen tapando los hechos. Apenas se inicia una
investigación poco transparente, no se han establecido contactos firmes con
otros países afectados y las obras que realiza Odebrecht en el país continúan
sin el menor cuestionamiento.
La
actitud gubernamental y su brazo fiscalizador tiene que ser mucho más agresivo.
La marcha organizada por las redes que vigilan los desmanes de los partidos
políticos tuvo como lema central el alto a la corrupción. Todo indica que la
corrupción – parte integral de las acciones partidistas del país – se ha
apoderado de todos los resquicios del gobierno y empresas privadas.
A
fines del año pasado, cuando el Departamento de Tesoro de EEUU dio a conocer
que un informante de Odebrecht indicó que esa empresa brasileña había pagado
coimas por un total de 800 millones de dólares - 59 millones correspondientes a
Panamá - , el MIREN señaló que no debía pedírsele a Odebrecht que “acepte su
culpabilidad”. El MIREN planteó que los “cómplices en los actos de soborno
deben ser procesados penalmente por sus actuaciones”.
También
exigió que Odebrecht suspenda sus actividades en Panamá para ser sometido a una
investigación y juicio. Esto implica que “el gobierno intervenga al Grupo
Odebrecht y asegure que todas las obras que inició y se encuentran en
construcción cumplan a cabalidad con los términos pactados”.
El
gobierno calcula mal si piensa que el escándalo pasará y podrá seguir como si
nada ocurriera. El país está preparado para exigir cuentas hasta las últimas
consecuencias. A la vez, el caso Odebrecht tiene tentáculos internacionales. Es
muy probable que termine arrasando con el gobierno brasileño, desestabilice
otros gobiernos de la región y que EEUU continúe utilizando a Odebrecht como
herramienta para crear zozobra. Es oportuno que el presidente Varela saque todos
los ‘trapos sucios’ y destape lo ocurrido en tres gobiernos: los
de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y el actual.
Los
escándalos de Odebrecht en Panamá no son recientes. Cuando llegó al país, de la
mano del entonces presidente Martín Torrijos, un obrero de la construcción fue
muerto por sicarios aparentemente al servicio de la constructora brasileña. El
obrero Osvaldo Lorenzo fue asesinado por disparo de arma de fuego en un
altercado en una construcción que adelantaba Odebrecht en las inmediaciones de
la ciudad de Colón. El gobierno y Odebrecht intentaron culpar a dirigentes del
SUNTRACS por el asesinato, según La Estrella de Panamá. Posteriormente,
fueron detenidos los supuestos responsables del homicidio.
Desde
esa primera experiencia de Odebrecht en el país han pasado muchas otras. En
total, el grupo constructor brasileño se ha ganado 10 licitaciones por un total
de 9 mil millones de dólares en casi 10 años. Desde las dos líneas del Metro,
carreteras, hasta la Cinta Costera y otras obras. El gobierno norteamericano
dice que su informante denunció que entre 2010 y 2014 los brasileños le
hicieron pagos ilegales a funcionarios panameños por un total de 59 millones de
dólares.
Esta
suma es cuestionable. Un análisis del modus operandi de Odebrecht arrojaría
como resultado que cada obra representaría una coima cercana del 10 por ciento
de su costo. Es decir, en Panamá se habrían repartido un total de 900 millones
de dólares en coimas. A la Procuraduría panameña le corresponde investigar a
fondo estas irregularidades. Sin embargo, hay indicios de que se tratará de
minimizar estas pesquisas por el impacto político que tendrían.
El
escándalo Odebrecht se produjo cuando la Asamblea de Diputados iniciaba un
debate sobre las reformas electorales. Precisamente, sobre el financiamiento
público de los partidos políticos y sus candidatos a elección popular. Los
políticos pretenden recibir de las arcas fiscales un monto superior a los 500
millones de dólares para el torneo electoral de 2019. Sumado a las donaciones privadas
(que no tendrían límites) y las contribuciones de dinero ‘sucio’, las
elecciones próximas prometen ser las más caras y violentas de la historia.
El MIREN asegura que le ofrecerá una
alternativa al pueblo panameño en 2019 para poner fin a la corrupción sin
control y, a la vez, presentará un plan
de desarrollo nacional que erradique la inseguridad y genere empleos decentes
para todos los panameños.
26 de enero de 2017.
