En el escenario global, sin duda, la llegada de Donald Trump
en enero de 2017 a la Casa Blanca en Washington marcó un hito que todavía se
siente y que seguirá sintiéndose por muchos años. Trump se enfrentó
inmediatamente con el ala dominante del gran capital norteamericano (establishment)
y desató un populismo que aún tiene a muchos en las altas esferas inmersos en
la incertidumbre. En la región latinoamericana, los gobiernos progresistas
perdieron terreno y la intervención norteamericana favoreció a los sectores más
retardatarios.
En Panamá las investigaciones en los casos de corrupción del
gobierno que presidió Ricardo Martinelli (2009-2014) siguieron su curso con
altos y bajos. Después de tres años de pesquisas el pueblo aún no sabe si los
imputados serán enjuiciados y condenados. El mismo Martinelli está encerrado en
una cárcel federal en Miami, EEUU, esperando la decisión de una corte que juzga
los méritos de una solicitud de extradición del gobierno panameño. Se calcula
que la corrupción que caracterizó el gobierno de Martinelli perjudicó al fisco
panameño en más de mil millones de dólares. La empresa de la construcción
brasileña Odebrecht encabezó el desfile de fraudes, sobreprecios y comisiones
que involucró un ejército de funcionarios públicos.
A pesar de los escándalos, Panamá siguió siendo una plaza
atractiva para los inversionistas en materia de logística. La economía creció
en un 5.4 por ciento. El Canal de Panamá, las actividades portuarias y la
industria inmobiliaria fueron los sectores más favorecidos. En cambio, el
sector agrario e industrial decrecieron como consecuencia de las políticas
neoliberales del gobierno. Las actividades empresariales recibieron
subvenciones por aproximadamente 5 mil millones de dólares. Los sectores
vulnerables del país recibieron desembolsos por 500 millones de dólares en
forma de becas, apoyo a personas de la tercera edad y programas de vivienda
social.
A fines de año se anunció que Panamá y la RP de China
firmaron un conjunto de acuerdos que podrían representar una inyección
económica al país sólo comparable con la construcción del Canal de Panamá entre
1904 y 1914. Los chinos proponen construir nuevos puertos, centros de acopio y
almacenamiento, así como vías ferroviarias, centros turísticos y aeropuertos.
El complejo tendría como objetivo convertir a Panamá en el centro de
intercambio (Hub) entre China y América latina. Los chinos tienen planes
precisos para cada área en que incursionarán. El gobierno panameño y los
empresarios que lo componen aún no han preparado un proyecto y mucho menos un
plan para aprovechar la propuesta china.
La falta de un plan de desarrollo nacional y la corrupción
constituyen el sello que deja su marca sobre todo lo realizado por el actual
gobierno y los que le han antecedido desde la invasión militar norteamericana
de 1989. En 2017 la desigualdad social continuó creciendo en el país. Los
pobres cada vez más pobres y los ricos siguen concentrando en pocas manos todas
las riquezas. El gobierno publica estos resultados sintetizados en un llamado
coeficiente de Ginni. Las promesas de agua potable para todos los panameños y
‘cero letrinas’ quedo en el olvido. Las ‘escuelas rancho’ siguen siendo la
norma en las comunidades urbanas y rurales. Los programas de salud siguen
subordinados a los intereses económicos de las empresas farmacéuticas y equipos
médicos. No hay asomo de lo que en una época fue la ‘Salud igual para Todos’.
El pueblo panameño está en pie de lucha en los barrios, en
las comunidades, en los campos y en los centros de trabajo. A diario salen a
protestar en las calles y carreteras, donde se hacen visibles y son consolados
por funcionarios públicos. Sus niveles de organización aún no alcanzan las
alturas que le permitan enfrentar de igual a igual a los intereses económicos
que monopolizan las fuentes de riquezas y las decisiones políticas. Esta
realidad aparenta darle a los sectores políticos de las clases dominantes la
seguridad de que pueden abusar de su poder relativo y continuar despojando al
pueblo de sus derechos y riquezas.
En 2017 los sectores que monopolizan las riquezas del país
anunciaron que si los partidos políticos no responden a sus necesidades
buscarán otras vías para asegurar su control. Los sectores populares
inscribieron un partido político – el Frente Amplio por la Democracia (FAD) -
que se prepara para las elecciones de 2019. Cualquier alternativa política
tendrá que enfrentar a la clase dominante neoliberal y también al poderoso
gigante del Norte.
28 de diciembre de 2017.