Thursday, August 17, 2017

Cuestiones militares en la agenda de Pence en Panamá

El vicepresidente de EEUU, Mike Spence, inicia hoy la última escala de una gira por 4 países de América latina en la capital panameña. El presidente Juan Carlos Varela es uno de los pocos mandatarios de la región que no rechazó las ‘alocadas’ declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, poniendo en sobre aviso a Venezuela de una “opción militar” por parte de EEUU.

Varela conoce muy bien la táctica norteamericana de ir aumentando la presión contra sus ‘enemigos’, a la vez que busca apoyo internacional, para legitimar su despliegue militar. Es la misma que Bush (padre) aplicó en 1989 para invadir a Panamá, causar miles de muertes y con el único propósito de aumentar su popularidad en las encuestas. No cabe duda que Trump tiene en mente algo parecido.
De los cuatro países que visita Pence, Colombia y Chile denunciaron las declaraciones belicistas de Trump. Argentina y Panamá mantuvieron silencio. EEUU ha retornado a la política del ‘gran garrote y zanahoria’. Le ofrece a los países de la región una zanahoria si se portan bien. En cambio, una conducta que no se alinea con su política exterior es castigada con el gran garrote. Hace poco, Washington convocó en Lima, Perú, una reunión de 11 cancilleres latinoamericanos y el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá. El encuentro se realizó con el propósito de presentar un bloque político regional en contra del gobierno bolivariano de Venezuela. El objetivo no se alcanzó y, más bien, destacó la debilidad de los gobiernos derechistas de la región y su dependencia de EEUU.
El bloque ‘antichavista’  pretende legitimar la guerra contra Venezuela. Pero no tiene agenda ni objetivos que trasciendan el derrocamiento del gobierno bolivariano. Al igual que en el caso de Panamá, en 1989, el gobierno del presidente Maduro sería reemplazado por agentes de EEUU que reorganizarían las políticas para el beneficio exclusivo del Departamento de Estado y de las grandes empresas norteamericanas (especialmente petroleras).
También existe un bloque regional que se opone a la violencia contra Venezuela y a “las opciones militares” de Trump. Este grupo está formado por 23 países, una mayoría aplastante. Entre estos, 9 son latinoamericanos y 14 son del Caribe. Encabezan este bloque  por la paz, los países del ALBA y los países del CARICOM.
Los once gobiernos latinoamericanos ‘antichavistas’ son, por sus políticas y actuaciones, neoliberales. Es decir, favorecen los intereses de los grandes empresarios que promueven las privatizaciones y la flexibilización del trabajo (aplauden la informalidad y la desigualdad social). No tienen políticas sociales y rechazan la planificación como herramienta para gobernar. Todos los gobiernos que se reunieron en Lima están sometidos a la ‘asesoría’ del Banco Mundial, el BID y el FMI.
Entre los gobiernos ‘antichavistas’, hay tres que se proclaman social-demócratas (Costa rica, Chile y México), campeones de las políticas neoliberales. Hay cuatro gobiernos que pertenecen a la Internacional Conservadora (Argentina, Colombia, Panamá y Perú). Hay otros tres gobiernos que son producto de golpes que desplazaron a dirigentes que no tenían políticas neoliberales (Brasil, Honduras y Paraguay). Por último, un gobierno neoliberal, con un discurso ideológico difuso (para la risa): Guatemala.
El conjunto de estos gobiernos ‘antichavistas’ no es homogéneo. Su unidad está determinada por EEUU y su política de la ‘zanahoria y el gran garrote’. Todos están carcomidos por la corrupción y la creciente militarización. Panamá no se queda atrás. Políticamente, el gobierno panameño ha estado envuelto en toda clase de escándalos que son pasados por alto en Washington. (El caso del expresidente Martinelli detenido en Miami es otro problema político sin resolver). Más importante en la agenda de los ´halcones’ de la capital norteamericana son las 11 bases aeronavales construidos en los últimos 15 años sobre los dos océanos que bañan las costas panameñas.
En principio eran para controlar los supuestos movimientos de las FARC en Colombia y ahora se prestan para cualquier maniobra militar de EEUU contra Venezuela. Washington incuso ‘flotó’ la versión noticiosa que la capital panameña podría ser sede de un gobierno en el exilio de los ‘guarimberos’ venezolanos. En 1987, Washington convirtió la embajada de Panamá en esa capital como sede del gobierno en el exilio en su guerra contra los militares que comandaba el general Noriega.
La agenda de Pence durante el día de hoy estará muy cargada de asuntos militares y geopolíticos. No habrá espacio para otros temas.

17 de agosto de 2017.

Thursday, August 10, 2017

El distrito Norte


El nuevo Distrito Norte que aprobó la Asamblea Nacional de Diputados, y que espera la sanción del Ejecutivo, tiene más de mil kilómetros cuadrados y una población que supera los 200 mil habitantes. Aún más importante, contiene dentro de lo que serían sus fronteras las fuentes de agua que alimentan a la ciudad de Panamá (un millón de habitantes) y al Canal de Panamá (principal exportador de servicios del país: B/2,500 millones). Además, el distrito Norte se ha convertido en los últimos 40 años en ‘ciudad dormitorio’ para trabajadores que viajan todos los días a la ciudad de Panamá. El 90 por ciento de los trabajadores son migrantes de otras regiones del país que vienen en busca de nuevas oportunidades para ellos y sus familias. Todos estos antecedentes – agua potable para la ciudad capital, agua para el Canal, espacio para los trabajadores que llegan en busca de nueva oportunidades – constituyen problemas que no son contemplados por la ley que pretende crear el Distrito Norte.
Más aún, hay una fuerte presión por parte de inversionistas urbanistas en construir nuevas barriadas de lujo en el área. En la actualidad, hay regulaciones muy estrictas sobre este tipo de construcciones por los efectos negativos que tendrían sobre la cuenca del río Chagres (que provee de agua potable a la ciudad y del líquido precioso al Canal de Panamá). Por lo menos uno de los diputados que presentó la ley para crear el Distrito Norte a la Asamblea es promotor de estas nuevas urbanizaciones.
La propuesta de los legisladores de la Republica es incompleta y desordenada. (No tiene una justificación y tampoco presenta una consulta realizada en las comunidades). Es importante participar en el debate en torno a la pertinencia de crear un nuevo distrito en el norte del actual distrito de Panamá.
Hay que contestar algunas preguntas sencillas. ¿Cómo beneficiará el nuevo distrito al país? ¿Qué beneficios recibimos todos los panameños? Además, ¿cómo se beneficiará el nuevo distrito Norte? ¿Cómo se beneficiarán sus habitantes y otros residentes del nuevo distrito? Los beneficios para el país se pueden medir tanto por los aportes que haga el nuevo distrito a la economía, así como a la cultura. Asimismo, por el ordenamiento territorial y las conexiones que pueda establecer con los demás distritos de la Republica (77 en total). No existe un plan en la ley, tampoco una estrategia, ni propuesta alguna para determinar como beneficiará el nuevo distrito al país. Tampoco existe una idea de cómo el distrito Norte podría beneficiar a todos los panameños. La Asamblea Nacional (de Diputados) al debatir una ley tiene que recordar que legisla para todos los panameños.
También hay que ver como se beneficia el área norte del Distrito de Panamá con este cambio político-administrativo. Según los proponentes, el nuevo Municipio 'Norte' tendría acceso directo a todos los impuestos locales, sin necesidad de pedirle al Municipio de Panamá un centavo. En la actualidad, el Municipio de Panamá le transfiere a los 4 corregimientos del Norte más fondos de los que generan esas divisiones administrativas. No es casual que el alcalde del Distrito de Panamá se siente algo contento con la idea de deshacerse de esa carga financiera que representaría el posible futuro distrito Norte.
La población no se siente parte de la propuesta de los diputados que quieren crear el distrito Norte. Opinan que hay más corrupción envuelto en la ley que ya aprobó la Asamblea, pero que el Presidente todavía no sanciona. La propuesta no habla de centros de salud, escuelas o de seguridad en las comunidades. Todo indica que tiene otras prioridades.
Hay indicios que el proyecto del nuevo distrito fue concebido en las oficinas de abogados que trabajan con inversionistas que quieren construir barrios de lujo en esos corregimientos. La iniciativa puede beneficiar a unos pocos pero no a la población que supera los 200 mil habitantes y crece a una tasa muy alta.
¿Necesitamos más distritos en la región metropolitana? No tengo los elementos necesarios para opinar con autoridad. En todo caso, requieren estudios más serios. El área ‘Norte’ tiene 1,028 kilómetros cuadrados. Comparado con San Miguelito (50 km2) o la ciudad de Panamá (150 km2) es un territorio monstruoso. Sin planificación y sólo para negociar la construcción de barriadas exclusivas, no se justifica la creación de un Distrito Norte. Hay que regresar a las comunidades y coordinar con su gente para saber qué quieren.

10 de agosto de 2017.

Thursday, August 3, 2017

El pueblo chavista en los cerros tiene la última palabra


Los 8 millones de venezolanos que salieron a depositar su voto a favor de los candidatos a la Asamblea constituyente representan un traspié contundente a las pretensiones golpistas de los opositores (“guarimba”). Durante varios meses la oposición de extrema derecha ha organizado manifestaciones diarias contra las instituciones gubernamentales venezolanas. El gobierno de Nicolás Maduro contiene las protestas sin liquidarlas.
El costo en vidas ha sido muy alto. A diferencia de otras manifestaciones populares, las protestas de la derecha incluye el uso de la violencia y tácticas que suelen tener resultados fatales. En tres meses han muerto más de 100 personas, en su mayoría por ser sospechosas de militar en las filas del chavismo. Cada día es más evidente que la mano ‘peluda’ detrás de las manifestaciones y el financiamiento de los opositores tiene un origen extranjero.
Los analistas norteamericanos que alimentan la estrategia que desarrolla Washington en contra del pueblo venezolano tienen una visión muy corto ´placista´. Actúan de manera similar a sus antecesores en los casos de Cuba y Chile, ente otros. Entre 1959 y 1961, los estrategas norteamericanos jugaron la carta económica contra Fidel y los revolucionarios: El hambre. Decidieron bloquear la isla con la pretensión de hacer pasar hambre a la población. Pensaron que el pueblo se sentiría frustrado y se volcaría en contra de la Revolución. La táctica fracasó y EEUU decidió organizar unas mal llamadas ‘brigadas’ para invadir militarmente la isla. La movilización de todo el pueblo cubano contra los invasores hizo fracasar la aventura norteamericana y, al mismo tiempo, consolidó la Revolución cubana.
En el caso de Chile, EEUU decidió que tenía que poner fin a la experiencia socialista de ese país andino. Allende había ganado las elecciones en 1970 y anunció que tomaría las medidas para poner fin a la pobreza y la desigualdad social. Este plan fue rechazado por Washington y la vieja oligarquía chilena que unieron fuerzas para acabar con el gobierno de la Unidad Popular. Calcaron la táctica utilizada en Cuba diez años antes, generando caos en la economía y creando escasez. El pueblo no se rindió y los enemigos de Chile optaron por conspirar con los militares que dieron el golpe de Estado más cruel del siglo XX.
EEUU sigue el mismo ‘texto’ en el caso de Venezuela en 2017. Según los estrategas norteamericanos, primero hay que ablandar la resistencia del pueblo venezolano, hacerlo pasar hambre, incertidumbre y temor. Al mismo tiempo, hay que ‘satanizar’ a sus líderes, crear un ambiente – incluso internacional – en que el presidente, los ministros, los militares y todos los que están asociados con el gobierno sean presentados como asesinos, traficantes y prófugos.
Para completar el círculo y alcanzar sus objetivos, EEUU y los enemigos internos de Venezuela tienen que mover dos fichas adicionales. Son difíciles pero en sus planes lo consideran viables. En primer lugar, dividir las fuerzas armadas bolivarianas y crear las condiciones para un golpe de Estado encabezado por los militares. En segundo lugar, movilizar a la gran mayoría de la población venezolana para que ‘baje de los cerros’ y aplaste al gobierno.
La movilización de votantes para la elección de los constituyentes de la Asamblea el domingo pasado parece que cerró ambas vías ideadas por Washington. El pueblo está con el gobierno y rechaza a la oposición, compuesta – en gran parte - por los sectores económicamente acomodados de las ciudades venezolanas. Hay que agregar que los gobiernos  chavistas (1998 – 2017) no le han quitado privilegio alguno a estos sectores acomodados. Estos luchan – con o sin razón – por el peligro que perciben: Que baje el pueblo de los cerros y les expropien todos sus bienes. Es un temor que comparten todas las clases acomodadas de América latina y del mundo entero.
Vivimos en sociedades de desigualdad extrema. El temor entre los sectores sociales acomodados es comprensible. Quizás no es real, pero existe en el imaginario, en lo profundo de la subconsciencia. Hay una dualidad en la mentalidad de dominación. El ‘caracazo’ de 1989 que sacudió las estructuras sociales venezolanas fue un estallido popular. La marea subió y bajó en cuestión de días. Pero la clase dominante peridó la hegemonía. (A pesar de seguir siendo dominante). Han pasado más de 25 años, la elección de una constituyente marcará un hito nuevo en la historia venezolana. El pueblo chavista - organizado en los cerros -tiene la última palabra. La lucha continúa.
3 de agosto de 2017

Thursday, July 27, 2017

“Con quien y contra quien luchamos”

El apoyo que ha recibido La Estrella de Panamá en su lucha contra la ofensiva del gobierno norteamericano ha sido amplio. Por un lado, encuentra a las organizaciones populares solidarizando con la decana del periodismo nacional. Por el otro, los sectores empresariales han mostrado cierto grado de solidaridad. El gobierno nacional, en cambio, ha mantenido un perfil bajo. Tan bajo que se ha invisibilizado
En reciente artículo, el profesor de Filosofía, Abdiel Rodríguez, explica cómo se produce esta combinación de fuerzas políticas en torno al rotativo donde trabajó  tantos años el poeta nacional, Octavio Hernández.
Según Rodriguez, “algunos ubican el proyecto neocolonialista en Panamá a partir de la muerte de Omar Torrijos en 1981, otros con la invasión (militar) de EEUU a Panamá en 1989. Lo cierto es que, hay un desmontaje de todo lo liberal y nacional popular que fortalecía de alguna u otra forma al Estado nacional, para dejarlo totalmente indefenso ante los intereses de la política exterior de Washington”. A esta se adosa “la burguesía rentista y la clase política que opera funcionalmente a esos intereses, junto a la ínfula de su poderío extraterritorial”.
En esta coyuntura, dice Rodríguez, “estamos viendo las consecuencias de ese poderío, por medio de la inclusión del dueño del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá (GESE) en la Lista Clinton. El GESE se ha visto afectado por las medidas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Hacienda de EEUU, con la cancelación de la póliza de los seguros a los trabajadores”. Además, “VISA y MasterCard no brindarán sus servicios en los puestos de venta”. A su vez, aumentarán las cancelaciones de pautas publicitarias. “Todas estas medidas son el resultado de una disposición que no es parte de la legislación panameña, sino de EEUU… es un mini bloqueo extraterritorial”.
Como señala Rodríguez, “La Estrella de Panamá es el periódico con mayor peso histórico en el país, tiene una importancia simbólica en nuestro imaginario colectivo. Por lo que, la tentativa de cerrar sus operaciones ha reanimado la aversión hacia la política exterior norteamericana. En los últimos años, en particular con los gobiernos postinvasión, es evidente la servidumbre ante los intereses norteamericanos, a pesar de que muchas veces preferimos ver hacia otro lado como si no existiera. El colonialismo de EEUU nunca se fue, mutó a otras formas y ahora se nos presenta como habitual. Nunca se debió bajar la guardia, ahora que nos golpean en la cara, solo nos queda reaccionar”.
Rodríguez se refiere a la política exterior de los gobiernos post-invasión. Se dio un giro de 180 grados, abandonando los lazos, alianzas y acuerdos con países de la región y del mundo entero. “En otro momento y con otra correlación de fuerzas geopolíticas, Panamá hubiese contado con apoyo y repudio internacional a esa decisión unilateral de EEUU de imponer un mini bloqueo al GESE.  Esto no sólo afecta a un grupo económico del país, de hecho, quebranta la soberanía nacional. Es una clara muestra de neocolonialismo”.
La política de parte del gobierno de no actuar y llevar el problema a los foros internacionales le hacen un enorme daño al país. “Ahora, observa Rodríguez, vemos apoyos variopintos al GESE, como también vemos un rotativo más cerca del pueblo que nunca. Ni una ni la otra debieron bajar la intensidad y apoyo mutuo. Ahora estamos reaccionando y no actuando de manera planificada. Fue ingenuo pensar que EEUU no impondría su agenda sobre nuestra soberanía. Con la Lista Clinton se está aplicando la política del ‘gran garrote’ de Teddy Roosevelt. Los gobiernos de turno y la burguesía rentista se conforman con la zanahoria”. 
Rodríguez nos recuerda que si no se consolida la identidad nacional, no habrá forma de detener la voracidad del imperio. Esa identidad o proyecto de nación se expresa a través de la unidad o mediante la hegemonía de un grupo identificado con las tareas nacionales. “Ya nos advertía Ricaurte Soler, dice Rodriguez, sobre la necesidad de ‘identificar las fuerzas, clases y grupos que subjetiva y objetivamente conspiran contra la afirmación del Estado nacional panameño’.  Esta cita es de Soler en 1991, en el marco del “neocolonialismo en la posguerra fría”. El filósofo Rodriguez concluye: “En esa línea, debemos estar alertas ante cualquier forma de injerencia externa, en donde debemos enfocar con quien y contra quien luchamos, en donde no faltará quienes quieran pescar en río revuelto”.

27 de julio de 2017.

Thursday, July 20, 2017

La libertad de expresión y el sistema que nos gobierna


Nuevamente el gobierno de EEUU tiene al borde del precipicio los diarios panameños La Estrella de Panamá y El Siglo. Actuando de manera unilateral, por encima de las leyes nacionales y el orden jurídico internacional, el gobierno norteamericano se abroga el derecho de prohibir a sus ciudadanos a efectuar transacciones comerciales con ciertas empresas panameñas. Los dos periódicos mencionados son propiedad de una sociedad cuyo accionista principal es el empresario de la Zona Libre de Colón, Abdul Waked.
El caso surgió a mediados de 2016 cuando la justicia norteamericana procedió a acusar a un sobrino de Waked de realizar transacciones ilícitas. Esta persona fue arrestada y su caso se está procesando. Mientras tanto, Abdul Waked fue declarado sospechoso e incluido en una lista de personas non gratas para EEUU. La ‘Lista Clinton’, creada en la década de 1990, sirve para identificar a todas las personas naturales o jurídicas con las cuales EEUU no quiere tener relaciones comerciales. ¿Es su derecho? Obviamente, nadie tiene derecho para obligar a terceros a limitar sus relaciones con otros. EEUU no es la excepción. Sin embargo, EEUU tiene la fuerza para imponer una medida totalmente a-jurídica sobre otros.
En Panamá la opinión pública se ha volcado a favor del empresario Waked y en contra de EEUU y su embajador. Es un caso excepcional en la medida en que el pueblo panameño nunca ha sido proclive a inclinarse a favor de los empresarios como clase. Estos últimos no son muy bien vistos ya que tradicionalmente lucran con los bienes de la nación y se colocan a menudo por encima de la ley. Además, son quienes siempre están en posiciones de gobernantes asociados con el control y la represión de las protestas populares. 
Ha habido casos similares en la historia panameña en que empresarios se convierten en ‘héroes’ populares. Otros empresarios han intentado levantarse como ‘héroes’ nacionales. Aún hoy, el presidente Roberto Chiari (1960-1964), dueño del emporio azucarero Ofelina y de La Estrella Azul, es venerado por algunos sectores sociales que recuerdan que rompió relaciones diplomáticas con EEUU por la agresión de ese país contra la juventud el 9 de enero de 1964. Otros anti-héroes son Pancho Arias y Tito Arias (sin relación familiar con el anterior), para mencionar sólo dos.
Waked quizás no llena esas dimensiones – que tiene ribetes políticos - y probablemente no será recordado por su posición frente a los atropellos de fuerzas extranjeras. Waked se vió obligado a vender todas sus propiedades, pero se paró firme con los diarios de la capital panameña. Dijo que no vendería La Estrella de Panamá y El Siglo. Sucumbiría junto con los dos rotativos. Sus amigos han señalado que realizó todo lo posible acercándose a los agentes norteamericanos para conversar y buscar la solución del problema.
En Panamá un comunicado inusual suscrito en un principio por 50 representantes de diferentes sectores del país, refleja en parte el apoyo a la causa de los periódicos atacados por EEUU. El comunicado es corto y contundente: Primero señala que la medida norteamericana va en contra de la libertad de prensa y también de la libertad de expresión. Sobre el particular hay que señalar que tanto uno como el otro siempre han sido coartadas por los grandes intereses.
Los firmantes del comunicado concluyen que “con la subsistencia de los referidos diarios, EEUU no pierde. En cambio, Panamá pierde mucho con su desaparición”. Los intereses de EEUU son claros. No han variado mucho desde que comenzó a cotizar las riquezas de la región hace más de 150 años. En cambio, en Panamá la lucha de La Estrella de Panamá no sólo tiene que enfrentar a los intereses de EEUU, también tiene que tener en cuenta lo que significa la pérdida de un vocero independiente.
Si Waked sale del escenario al frente de la empresa editora, ¿quién o quiénes lo reemplazarán?
La libertad de expresión se mide en el marco de la correlación de fuerzas que caracteriza un país o también globalmente. Quien habla más alto define los parámetros de la libertad de expresión dentro del sistema. Los que están fuera del sistema no cuentan y por lo tanto su expresión no tiene valor. En el caso de Panamá, EEUU lo considera parcialmente fuera del sistema. Puede intervenir en su vida política y económica cuando lo considere necesario. Igualmente, define que es la libertad de expresión de acuerdo con sus intereses. 
20 de julio de 2017.


Thursday, July 13, 2017

Las alternativas de Martinelli


Se cumplió un mes desde el encarcelamiento del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) en Miami, Florida, EEUU. Martinelli no está sólo en su celda del Edificio Federal de Miami. Junto con él están las conciencias de los gobernantes panameños de los últimos 25 años. La diferencia entre el expresidente y sus homólogos es una cuestión cuantitativa. Martinelli, según sus allegados, celebró con bombos y platillos el día en que anunció que era un ‘billonario’.
Martinellu está detenido esperando el dicatamen en un juicio de extradición que solicitaron las autoridades panameñas. Se presentaron documentos al gobierno de EEUU que involucraban a Martinelli en los ‘pinchazos’ de los teléfonos de sus opositores políticos mientras gobernaba. Si el juez dictamina que Martinelli debe regresar a Panamá para enfrentar la justicia, su expulsión no es automática. El presidente de EEUU y su secretario de Estados tienen la última palabra. Si estos consideran que no es conveniente - por razones de ‘seguridad nacional’ - entonces ellos pueden descartar el dictamen de la justicia y Martinelli se queda en EEUU. Existe un convenio de extradición entre los dos países desde 1904.
La política priva sobre la justicia. ¿Qué probabilidades existen que el presidente Trump decida hacer caso omiso de una decisión judicial contraria a los intereses de Martinelli? Casi ninguna.
Martinelli es el epítome de la sociedad panameña del siglo XXI. Sin duda, es una sociedad que debe cambiar radicalmente. Después de la invasión militar norteamericana de 1989, la derrota del proyecto nacional creó las condiciones para que una oligarquía se apoderara de los aparatos del Estado. Bajo el manto del “Consenso de Washington” y con la guía de la Embajada de EEUU, puso la maquinaria gubernamental al servicio de su enriquecimiento. Privatizaron las empresas públicas más rentables, eliminaron empleos y redujeron  salarios, así como aumentaron los subsidios para los ricos y abandonaron  el sistema educativo, los servicios de salud y la seguridad de la población.
En 2000, el gobierno panameño recibió la administración del Canal de Panamá que ha sido fuente de ingresos antes inimaginables. En esta coyuntura, Martinelli probó su suerte política en el gobierno aliándose al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y después con el Partido Panameñista. La experiencia le sirvió para fundar su propio partido – Cambio Democrático – y lanzar su candidatura en 2004 (sin éxito). Al igual que los otros partidos oligarcas, su único objetivo era llegar al poder político para asaltar el erario público.
En 2009 Martinelli volvió a lanzar su sombrero al ruedo político. Con la abierta intervención de la Embajada norteamericana tuvo mejor suerte. Su alianza con los ‘panameñistas’ le dio la victoria. Con tasas de crecimiento del PIB nacional, que promediaban el 8 por ciento anual, el equipo de Martinelli puso manos a la obra. Pareciera que no había iniciativa gubernamental que no se convirtiera en un negocio.
Para neutralizar a la oposición política, desde el Palacio presidencial, le pidió ayuda a la Embajada de EEUU para pinchar los teléfonos de sus enemigos. Las solicitudes fueron documentadas en correos electrónicos que Wikileaks hizo públicos junto con otros materiales que denunciaban la injerencia de la Embajada norteamericana. Su futuro depende ahora de la decisión del juez en Miami. ¿Tiene la evidencia suficiente para dictaminar su entrega a las autoridades panameñas?
La justicia no es ‘ciega’ en EEUU. Hay muchos intereses políticos e, incluso, económicos que están en juego. Los fiscales norteamericanos han recabado evidencias que asocian a Martinelli con delitos que pueden ser enjuiciados en EEUU. Si a Washington le interesa utilizar a Martinelli como pieza para algún movimiento político, pueden acusarlo y someterlo a un proceso legal en ese país. Mientras más demora la decisión del juez federal del sur de Florida para extraditarlo, más tiempo le da a los fiscales norteamericanos para presentar su caso contra el expresidente panameño.
Martinelli tiene una carta política que puede jugar como resultado de su encarcelamiento en EEUU. El magnate de supermercados ha anunciado que pretende regresar a Panamá para ser candidato a la Alcaldía de la ciudad capital en 2019. Esta postulación serviría como trampolín para competir en las elecciones a la Presidencia de la Republica en 2024.
El periplo en Florida le puede servir para presentarse como víctima de los atropellos sufridos en EEUU y conmocionar a los votantes con su versión de las injusticias que conoció dentro de “las entrañas del monstruo” que pudo vencer.
14 de junio de 2017.



Thursday, July 6, 2017

De la cocaína a los opioides: la ‘guerra contra el pueblo’


La ‘guerra contra las drogas’, política nefasta de los gobiernos panameños desde la década de 1980,  aparentemente ha disminuido. Ha disminuido en apariencia, pero no tanto en la realidad. Las comunidades siguen siendo infestadas por los traficantes y sus pandillas, las cárceles están desbordadas de jóvenes privados de libertad, la corrupción entre funcionarios es habitual y las muertes son cotidianas. Los medios de comunicación han bajado el tono y las noticias sobre hechos relacionados con las drogas y la violencia han dejado de ser el alimento favorito que devoran los periódicos y canales de televisión. 
A pesar de esta creciente indiferencia frente al problema de las drogas, los gobiernos – y el actual no es una excepción – siguen comprando armas en EEUU para el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y para el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN). También siguen encarcelando jóvenes que consumen ‘crack’ u otros derivados de la cocaína. Quizás este es el momento más oportuno para repensar el problema y establecer políticas que realmente pongan fin a la destrucción de las comunidades, a la desintegración de familias y la tragedia de tantas vidas de adolescentes y jóvenes truncadas por la droga.
Las autoridades que diseñan las políticas públicas tienen que estudiar los cambios que se están dando, especialmente en el contexto de nuestra relación con EEUU. Este país consume el 50 por ciento de las drogas en el mundo. Desarrolló en el siglo pasado una política de ‘guerra contra las drogas’ que posteriormente fue imitada por Panamá, a instancias del poderoso vecino del norte. La situación en EEUU ha cambiado de manera significativa en los últimos cuatro lustros. Todavía EEUU es el país con el mayor número de jóvenes privados de libertad en el mundo. La gran mayoría por delitos relacionados con el consumo de drogas. Igual que en Panamá, la desintegración de comunidades y familias sigue siendo el resultado de la ‘guerra contra las drogas’.
Pero hay diferencias muy importantes que hay que tener en cuenta. En EEUU la sobredosis de drogas es actualmente la principal causa de muerte entre los norteamericanos menores de 50 años de edad. El consumo de opioides se ha convertido en la droga más popular y mortal. Para poner las cifras en perspectiva, las muertes por consumo de opioides ya superan lo alcanzado por accidentes de auto de 1972, las muertes por SIDA de 1995 y las muertes con armas de fuego de 1993. Las víctimas de los opioides en los últimos diez años superan con creces las víctimas militares de EEUU en la guerra contra Vietnam.
A lo largo y ancho de EEUU los condados y estados han iniciado demandas judiciales para responsabilizar a las empresas farmacéuticas por la crisis de salud pública. Según la Escuela Heller para Políticas y Gestión Social de la Universidad de Brandeis, “EEUU está en medio de la peor epidemia de adicción de la historia”.
El viceministro de Justicia de EEUU, Rod Rosenstein, declaró hace poco que “la gente se está muriendo de sobredosis de drogas en números antes inimaginables. El incremento es horrible. Hay quienes dicen que el gobierno debe ser más permisivo, más tolerante y más comprensivo con los adictos. Creo que debemos ser más honestos y compartir con el pueblo norteamericano el peligro que enfrentamos en la actualidad”.
Hay otra gran diferencia en la epidemia actual en EEUU con la de fines del siglo XX. Según la Universidad de Brandeis, la epidemia de la heroína y de la cocaína afectó, en gran parte, a la población pobre y vulnerable. La política para tratar la enfermedad era la represión y la cárcel. Sin embargo, en la actualidad, “la epidemia de los opioides afecta sobre todo a la población de clase media, acomodada y con altos ingresos. La respuesta ahora es muy distinta. Incluso los políticos republicanos están diciendo que el problema no puede ser solucionado arrestando a los adictos. Hay que buscarles tratamiento médico. Estas reacciones no se escuchaban en las últimas décadas del siglo pasado”.
Aunque la realidad cambia y los estudiosos del problema están pidiendo acciones para enfrentar la epidemia de la droga en EEUU, el presidente Trump está tratando de pasar por el Congreso una ley que reduciría los fondos para poner fin a la epidemia. En Panamá todavía no existe el problema de los opioides. Sin embargo, urge buscar una solución realista para erradicar la epidemia del ‘crack’.
6 de julio de 2017.