Las alternativas de Martinelli

Se cumplió un mes desde el encarcelamiento del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) en Miami, Florida, EEUU. Martinelli no está sólo en su celda del Edificio Federal de Miami. Junto con él están las conciencias de los gobernantes panameños de los últimos 25 años. La diferencia entre el expresidente y sus homólogos es una cuestión cuantitativa. Martinelli, según sus allegados, celebró con bombos y platillos el día en que anunció que era un ‘billonario’.

Martinellu está detenido esperando el dicatamen en un juicio de extradición que solicitaron las autoridades panameñas. Se presentaron documentos al gobierno de EEUU que involucraban a Martinelli en los ‘pinchazos’ de los teléfonos de sus opositores políticos mientras gobernaba. Si el juez dictamina que Martinelli debe regresar a Panamá para enfrentar la justicia, su expulsión no es automática. El presidente de EEUU y su secretario de Estados tienen la última palabra. Si estos consideran que no es conveniente - por razones de ‘seguridad nacional’ - entonces ellos pueden descartar el dictamen de la justicia y Martinelli se queda en EEUU. Existe un convenio de extradición entre los dos países desde 1904.

La política priva sobre la justicia. ¿Qué probabilidades existen que el presidente Trump decida hacer caso omiso de una decisión judicial contraria a los intereses de Martinelli? Casi ninguna.

Martinelli es el epítome de la sociedad panameña del siglo XXI. Sin duda, es una sociedad que debe cambiar radicalmente. Después de la invasión militar norteamericana de 1989, la derrota del proyecto nacional creó las condiciones para que una oligarquía se apoderara de los aparatos del Estado. Bajo el manto del “Consenso de Washington” y con la guía de la Embajada de EEUU, puso la maquinaria gubernamental al servicio de su enriquecimiento. Privatizaron las empresas públicas más rentables, eliminaron empleos y redujeron  salarios, así como aumentaron los subsidios para los ricos y abandonaron  el sistema educativo, los servicios de salud y la seguridad de la población.

En 2000, el gobierno panameño recibió la administración del Canal de Panamá que ha sido fuente de ingresos antes inimaginables. En esta coyuntura, Martinelli probó su suerte política en el gobierno aliándose al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y después con el Partido Panameñista. La experiencia le sirvió para fundar su propio partido – Cambio Democrático – y lanzar su candidatura en 2004 (sin éxito). Al igual que los otros partidos oligarcas, su único objetivo era llegar al poder político para asaltar el erario público.

En 2009 Martinelli volvió a lanzar su sombrero al ruedo político. Con la abierta intervención de la Embajada norteamericana tuvo mejor suerte. Su alianza con los ‘panameñistas’ le dio la victoria. Con tasas de crecimiento del PIB nacional, que promediaban el 8 por ciento anual, el equipo de Martinelli puso manos a la obra. Pareciera que no había iniciativa gubernamental que no se convirtiera en un negocio.

Para neutralizar a la oposición política, desde el Palacio presidencial, le pidió ayuda a la Embajada de EEUU para pinchar los teléfonos de sus enemigos. Las solicitudes fueron documentadas en correos electrónicos que Wikileaks hizo públicos junto con otros materiales que denunciaban la injerencia de la Embajada norteamericana. Su futuro depende ahora de la decisión del juez en Miami. ¿Tiene la evidencia suficiente para dictaminar su entrega a las autoridades panameñas?

La justicia no es ‘ciega’ en EEUU. Hay muchos intereses políticos e, incluso, económicos que están en juego. Los fiscales norteamericanos han recabado evidencias que asocian a Martinelli con delitos que pueden ser enjuiciados en EEUU. Si a Washington le interesa utilizar a Martinelli como pieza para algún movimiento político, pueden acusarlo y someterlo a un proceso legal en ese país. Mientras más demora la decisión del juez federal del sur de Florida para extraditarlo, más tiempo le da a los fiscales norteamericanos para presentar su caso contra el expresidente panameño.

Martinelli tiene una carta política que puede jugar como resultado de su encarcelamiento en EEUU. El magnate de supermercados ha anunciado que pretende regresar a Panamá para ser candidato a la Alcaldía de la ciudad capital en 2019. Esta postulación serviría como trampolín para competir en las elecciones a la Presidencia de la Republica en 2024.

El periplo en Florida le puede servir para presentarse como víctima de los atropellos sufridos en EEUU y conmocionar a los votantes con su versión de las injusticias que conoció dentro de “las entrañas del monstruo” que pudo vencer.

14 de junio de 2017.

De la cocaína a los opioides: la ‘guerra contra el pueblo’

La ‘guerra contra las drogas’, política nefasta de los gobiernos panameños desde la década de 1980,  aparentemente ha disminuido. Ha disminuido en apariencia, pero no tanto en la realidad. Las comunidades siguen siendo infestadas por los traficantes y sus pandillas, las cárceles están desbordadas de jóvenes privados de libertad, la corrupción entre funcionarios es habitual y las muertes son cotidianas. Los medios de comunicación han bajado el tono y las noticias sobre hechos relacionados con las drogas y la violencia han dejado de ser el alimento favorito que devoran los periódicos y canales de televisión. 

A pesar de esta creciente indiferencia frente al problema de las drogas, los gobiernos – y el actual no es una excepción – siguen comprando armas en EEUU para el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y para el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN). También siguen encarcelando jóvenes que consumen ‘crack’ u otros derivados de la cocaína. Quizás este es el momento más oportuno para repensar el problema y establecer políticas que realmente pongan fin a la destrucción de las comunidades, a la desintegración de familias y la tragedia de tantas vidas de adolescentes y jóvenes truncadas por la droga.

Las autoridades que diseñan las políticas públicas tienen que estudiar los cambios que se están dando, especialmente en el contexto de nuestra relación con EEUU. Este país consume el 50 por ciento de las drogas en el mundo. Desarrolló en el siglo pasado una política de ‘guerra contra las drogas’ que posteriormente fue imitada por Panamá, a instancias del poderoso vecino del norte. La situación en EEUU ha cambiado de manera significativa en los últimos cuatro lustros. Todavía EEUU es el país con el mayor número de jóvenes privados de libertad en el mundo. La gran mayoría por delitos relacionados con el consumo de drogas. Igual que en Panamá, la desintegración de comunidades y familias sigue siendo el resultado de la ‘guerra contra las drogas’.

Pero hay diferencias muy importantes que hay que tener en cuenta. En EEUU la sobredosis de drogas es actualmente la principal causa de muerte entre los norteamericanos menores de 50 años de edad. El consumo de opioides se ha convertido en la droga más popular y mortal. Para poner las cifras en perspectiva, las muertes por consumo de opioides ya superan lo alcanzado por accidentes de auto de 1972, las muertes por SIDA de 1995 y las muertes con armas de fuego de 1993. Las víctimas de los opioides en los últimos diez años superan con creces las víctimas militares de EEUU en la guerra contra Vietnam.

A lo largo y ancho de EEUU los condados y estados han iniciado demandas judiciales para responsabilizar a las empresas farmacéuticas por la crisis de salud pública. Según la Escuela Heller para Políticas y Gestión Social de la Universidad de Brandeis, “EEUU está en medio de la peor epidemia de adicción de la historia”.

El viceministro de Justicia de EEUU, Rod Rosenstein, declaró hace poco que “la gente se está muriendo de sobredosis de drogas en números antes inimaginables. El incremento es horrible. Hay quienes dicen que el gobierno debe ser más permisivo, más tolerante y más comprensivo con los adictos. Creo que debemos ser más honestos y compartir con el pueblo norteamericano el peligro que enfrentamos en la actualidad”.

Hay otra gran diferencia en la epidemia actual en EEUU con la de fines del siglo XX. Según la Universidad de Brandeis, la epidemia de la heroína y de la cocaína afectó, en gran parte, a la población pobre y vulnerable. La política para tratar la enfermedad era la represión y la cárcel. Sin embargo, en la actualidad, “la epidemia de los opioides afecta sobre todo a la población de clase media, acomodada y con altos ingresos. La respuesta ahora es muy distinta. Incluso los políticos republicanos están diciendo que el problema no puede ser solucionado arrestando a los adictos. Hay que buscarles tratamiento médico. Estas reacciones no se escuchaban en las últimas décadas del siglo pasado”.

Aunque la realidad cambia y los estudiosos del problema están pidiendo acciones para enfrentar la epidemia de la droga en EEUU, el presidente Trump está tratando de pasar por el Congreso una ley que reduciría los fondos para poner fin a la epidemia. En Panamá todavía no existe el problema de los opioides. Sin embargo, urge buscar una solución realista para erradicar la epidemia del ‘crack’.

6 de julio de 2017.

El mensaje de China Popular: Audacia

El anuncio de la apertura de relaciones diplomáticas entre Panamá y China Popular fue tardía y recibida por los diferentes sectores sociales panameños con bastante displicencia. ¿Por qué? Desde 1972 – hace 45 años - se esperaba el anuncio. En aquella fecha EEUU rompió todos los diques de contención cuando el presidente Mao recibió a Richard Nixon en Pekín. En América latina, Cuba tiene relaciones diplomáticas con el gigante asiático desde 1960. Chile y Perú establecieron relaciones en 1971.

 La decisión del gobierno del presidente Juan Carlos Varela puso fin a la diplomacia de la ‘chequera’ que tenía Panamá con la isla rebelde de Taiwán, que oficialmente aún pretende representar a toda China. Los actuales gobernantes en Taipei reaccionaron ante el anuncio de Panamá denunciando al gobierno y quemando banderas panameñas.

En 1972 EEUU abrió sus relaciones con China, en gran parte, por razones geopolíticas. Nixon vio la posibilidad de arrinconar a la Unión Soviética, el principal enemigo de EEUU durante la ‘Guerra Fría’. Por su lado, Pekín necesitaba oxigenar su marcha hacia la autonomía y desarrollo para sacarla del atraso que la caracterizó durante casi dos siglos. El balance histórico parece inclinarse a favor de la audacia de los dos gobiernos, quizás un poco más del lado chino.

En 2017 la apertura entre Panamá y China tiene significados distintos y probablemente redundará en otros beneficios. Es bastante claro lo que persigue China Popular estableciendo relaciones diplomáticas con Panamá: Pekín quiere extender la Ruta de la Seda euroasiática en la dirección opuesta, con el istmo panameño como su baluarte comercial y político en el hemisferio occidental. Le permitirá consolidar sus relaciones con toda la región latinoamericana, especialmente el Gran Caribe. El Canal de Panamá es sin duda el máximo premio. China ya tiene un fuerte interés en los puertos de Balboa y Cristóbal. Esta construyendo otro en la ‘isla’ Margarita. Además, es probable que empresarios chinos incursionen en inversiones logísticas en terrenos del antiguo polígono de Nuevo Emperador.

¿Cuál es la agenda del gobierno panameño frente a esta decisión histórica? El presidente Varela y su equipo no lo han hecho explícito. Tienen dos alternativas. Por un lado, seguir la pauta rentista y especuladora sentada por los gobiernos oligarcas panameños desde la independencia de España en 1821. La otra, promover una política que conduzca el país hacia el desarrollo integral nacional e incluyente que beneficie a todos los panameños. En otras palabras, la nueva relación con China Popular le permitiría a Panamá embarcarse en un proyecto audaz de dimensiones similares a la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo pasado pero con las manos firmemente sobre el timón.

El Canal de Panamá ha estado por más de un siglo al servició de la marina mercante mundial, dominada por EEUU, y los gobiernos han descuidado casi por completo el desarrollo nacional. Las inversiones chinas a principios del siglo XXI, sin duda, estarán en función del comercio mundial aprovechando la ruta de tránsito del estrecho istmo de Panamá. Pekín percibe a Panamá como un eslabón más en su política global de reconstruir la Ruta de Seda. Quiere unir – gracias al Canal de Panamá - a Asia con el Atlántico, atravesando el Pacífico.

Las relaciones con China Popular le proporcionan a Panamá la oportunidad de salir del atraso y desarrollar una política marítima propia, audaz, de proporciones globales. Sin embargo, esa política – que incluiría la definición de rutas, el desarrollo de nuevas tecnologías marítimas, la construcción de naves con tecnología de punta y otras ventajas – tiene que descansar sobre una estructura social y económica sólida capaz de resistir los embates de la competencia mundial. Para ello Panamá necesita definir una política agroindustrial, logística y política, audaz, que incluya a todos los panameños. El Canal de Panamá y los excedentes que genera, sumado a las relaciones con China, le permitiría a Panamá desarrollar (de manera sostenible) su potencial agrícola. Además, puede incursionar en áreas industriales competitivas. Para ello tendría que construir nuevas carreteras y vías ferreas (‘trenes balas’) de frontera a frontera. También tiene que ser audaz y construir puertos en ambas costas del país para atender los barcos que navegan por la vía interoceánica.

La otra alternativa nefasta es continuar con la política rentista - fracasada - de la oligarquía que se sienta a orillas del Canal esperando que caigan las migajas de los barcos que cruzan sus aguas.

29 de junio de 2017.

La visita de Varela a Washington         

Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA

La reunión entre los presidentes Juan Carlos Varela y Donald Trump, de Panamá y EEUU, respectivamente, resultó ser más que todo protocolar. No se preparó un comunicado que planteara alguna posición nueva que cambiara la relación entre los dos países. Panamá continuará administrando el Canal de Panamá en el marco de los Tratados Torrijos-Carter (1977), el gobierno panameño continuará comprando a EEUU armamentos y entrenamiento militar para el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval creados para la llamada “guerra contra las drogas” y el gobierno continuará colaborando en los planes de ‘seguridad’ hemisférica de EEUU.

Es en torno a estos dos últimos puntos que giran las especulaciones que se hacían en torno a la visita de Varela a la Casa Blanca. Por un lado, el posible interés del gobierno de Trump de tener bases militares en el istmo. Por el otro, el interés de Washington en que Panamá se entusiasme más en la ‘operación pinzas’ contra Venezuela. También se especulaba que a EEUU le interesaba asumir un papel en la administración de la vía interoceánica, reducir el comercio entre Panamá y Cuba (de paso con Venezuela también) e intervenir en el caso del expresidente Martinelli que espera su extradición en Miami. Estas suposiciones parecen que eran meras especulaciones, sin fundamento.

En sus primeros 30 meses en la Presidencia, Varela cooperó con el entonces presidente Obama para abrir canales de comunicación con Cuba. En la Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Panamá se efectuó la histórica reunión entre el presidente Raúl Castro y Obama. La Zona Libre de Colón también ha servido para promover el comercio entre los dos países enemistados desde hace más de medio siglo. La decisión de Trump de ‘engavetar’ los avances de Washington en sus relaciones con Cuba parece que pone fin a cualquier papel que pudiera jugar Panamá en ese conflicto.

Obama representaba la facción ‘globalizante’ del establishment norteamericano que buscaba acabar con el bloqueo que asfixia la economía cubana, pero al mismo tiempo no le permite a sus exportadores aprovechar el mercado cubano. Trump tiene otra visión de las relaciones cubano-norteamericanas: Los votos electorales de Florida. Pensando en las elecciones de 2020, Trump quiere mantener ese estado de su lado.

El gobierno panameño no llevó una propuesta a la mesa que se sirvió en la Casa Blanca. Más bien, Varela utilizó la reunión como muestra de su capacidad de moverse en los círculos más importantes a escala global. Espera que su viaje eleve su aprecio popular en las encuestas locales. Antes de fin de año también se trasladará a China Popular, país con el cual acaba de establecer relaciones diplomáticas. EEUU y China son los dos usuarios más importantes del Canal de Panamá, producto de un intenso intercambio comercial marítimo.

El gobierno norteamericano señaló que en las conversaciones entre ambos mandatarios surgió el tema de Venezuela. Durante el gobierno de Obama, Washington declaró a Venezuela ‘un peligro para la seguridad nacional’ de EEUU. Trump mantuvo esa posición. Sin embargo, la Casa Blanca se ha mostrado menos militante en su campaña por derrocar el gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro. En cambio, el presidente Varela quien era un defensor de la búsqueda del diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela, en el reciente cónclave de la OEA se cuadró con los ‘duros’ que exigían un pronunciamiento radical en contra del gobierno de Maduro.

La posición de Panamá frente a la ofensiva de la OEA contra Venezuela es consecuencia de algún tipo de arreglo con EEUU antes de la visita de Varela a Washington. Ambos presidentes anunciaron que en el transcurso de lo que queda del año se realizará en la capital panameña una reunión regional que trate los problemas de seguridad con la asistencia del vicepresidente de EEUU, Mike Pence. En el anuncio sólo se abordan problemas de EEUU. En primer lugar, el movimientos migratorio de los países del Triángulo Norte de Centroamérica hacia EEUU. También se mencionó la política de control del tráfico de drogas desde Colombia hacia el mercado norteamericano.

En los planes de Washington no aparecen las necesidades de los países de la región, comenzando por Panamá Trump ha sido lo suficientemente hábil para convertir los intereses de EEUU en los problemas de los países del Caribe y del resto de la región. Varela no presentó la agenda panameña. ¿Será que el gobierno no tiene?

22 de junio de 2017.

                

Terrorismo hecho en ‘Lower’ Manhattan

Cada cierto tiempo, los aparatos de inteligencia gubernamentales de EEUU se acuerdan de Panamá y comienzan a agitar consignas desde sus fiscalías en Nueva York o Miami. La situación más reciente se refiere a la detención de dos personas por órdenes de la fiscalía del Distrito Sur de Manhattan (en Nueva York) acusadas de visitar la ciudad de Panamá en  2011 o 2012 para espiar a las embajadas de EEUU e Israel, así como el Canal de Panamá. El caso se pone mucho más grave ya que los acusados son asociados con Hezbola, declarado por EEUU como enemigo y - como consecuencia - grupo terrorista. Hezbola fue creado por el Líbano a fines del siglo pasado como fuerza paramilitar para liberar a la zona sur de ese país de la ocupación israelí. En la actualidad, trabaja junto con el ejército del Líbano y otros grupos armados contra las incursiones periódicas israelíes.

Los fiscales de Nueva York probablemente obtuvieron su información de la Embajada de EEUU en Panamá. La Embajada, a su vez, cuenta con agentes permanentes de la CIA entre su personal diplomático. Se especializan en crear situaciones que le permite a EEUU intervenir en el país huésped. Lo difícil de entender es porqué ‘desentierran’ a dos libaneses en Nueva York que visitaron Panamá hace 7 años para crear zozobra en torno a la seguridad de sus embajadas en Panamá. Aún más, regresamos al debate de hace 40 años cuando se negoció el Tratado del Canal: ¿Quién puede defender el Canal de Panamá? En aquella época Panamá se comprometió a hacerlo. Hasta la fecha ha cumplido con la misión. ¿Quiere EEUU poner fin a esa capacidad de los panameños para así intervenir directamente en los asuntos internos del país y en la seguridad de la vía interoceánica?

Cada vez que EEUU inicia una campaña soterrada de desestabilización tiene un propósito muy concreto. En 1941 separaron al presidente Arnulfo Arias de la Presidencia cuando éste le exigía a Washington un pago más sustantivo a cambio de permitir la instalación de más bases militares. En 1955 fue asesinado el presidente José A. Remón, colaborador militar pero también sospechoso de estar asociado a los negocios de las drogas de EEUU. En 1981 el avión en que viajaba el general Omar Torrijos se estrelló contra un cerro. En 1989, EEUU invadió militarmente Panamá con el supuesto de ‘arrestar’ al general Noriega, también asociado a las agencias de control de drogas del país del norte.

¿Qué persigue EEUU con el arresto de dos libaneses que asocia con actividades “terroristas” en Panamá? Además, apenas 10 días antes del viaje del presidente Juan C. Varela a la Casa Blanca para entrevistarse con Donald Trump. Aún no se ha informado sobre la agenda que discutirán los dos mandatarios. ¡Qué oportuna la detención de los libaneses en Nueva York! Veamos que puede estar detrás de la acción de los fiscales de ‘Lower’ Manhattan. Revisemos tres motivos:

En primer lugar, la Casa Blanca podría tener interés en incrementar su presencia militar en Panamá. Cumpliendo con los Tratados Torrijos Carter (1977), Washington ordenó evacuar su última base en Panamá en 1999. Desde aquella fecha, contrario a la Constitución y a la ley panameñas, EEUU y Panamá han construido 12 bases navales en ambos litorales. Además, crearon el Servicio Nacional de Fronteras. Al presidente Trump le sobran fondos para cualquier aventura militar. Le pidió al Congreso un aumento de $40 mil millones para el presupuesto militar.

En segundo lugar, Trump necesita crear un escenario espectacular a escala internacional y podría escoger a Panamá para ese propósito. EEUU escogió a  Panamá varias veces en el siglo XX.

Tercero, Trump envió la IV Flota a las costas de Venezuela y el Comando Sur organiza maniobras militares en la región amazónica con Colombia y Perú. Aparentemente Panamá también ha sido invitada. ¿Quiere convertir su oposición al gobierno del presidente Maduro en una guerra civil? ¿Seguirán Bolivia y Ecuador?

En este escenario tan complicado, reaparece el Canal de Panamá como pieza central. ¿Quiere Trump ‘tomarse’ la vía interoceánica como lo hizo su héroe Teddy Roosevelt hace poco más de cien años? Más del 70 por ciento de las mercancías que pasan por el canal de esclusas van o vienen de EEUU. No hay que olvidarse que detrás de los fiscales norteamericanos está el Ejército más poderoso del mundo.

15 de junio de 2017.

La izquierda y la derecha en la política

La izquierda y la derecha son dos formas de hacer política. Los términos fueron acuñados con motivo de la convocatoria de la Asamblea Nacional en el contexto de la Revolución francesa hace 230 años. Los 500 delegados se reunieron en un gimnasio de Versalles (en las afueras de París). Los partidarios de la creación de la República se apostaron a la izquierda y los monárquicos a la derecha. Los que impulsaban los cambios y los que luchaban por conservar el pasado se enfrentaron en dos campos muy bien definidos. Ha pasado mucho tiempo y aún en muchos cuerpos legislativos en el mundo sus miembros toman las mismas posiciones: Los que promueven los cambios a la izquierda y los que quieren detener el progreso a la derecha.

En la actualidad, los términos siguen muy en uso, especialmente en América latina. En el siglo XX, la izquierda era asociada con las distintas variantes de socialismo donde los trabajadores jugarían un papel preponderante. La derecha, en cambio, se vinculaba con los proyectos capitalistas que promovían los sectores sociales asociados con las potencias imperialistas. La organización de la producción capitalista en la región latinoamericana fue impuesta a sangre y fuego. (En el resto del mundo fue igual). La política agro-minera exportadora tuvo que recurrir a la fuerza, con gobiernos de derecha de corte militar o civil. Igual ocurrió con la instalación de gobiernos que promovieron la industrialización mediante la sustitución de importaciones.

A fines del siglo XX, con el agotamiento del crecimiento capitalista a escala mundial, se adoptaron políticas neoliberales (es decir, una renovación de las políticas liberales anteriores). La derecha se recicló y asumió un papel también renovado con gobiernos represivos. La izquierda – en gran parte de la región - estuvo durante un par de décadas o más resistiendo o conteniendo la ofensiva neoliberal promovida por una derecha insaciable. A fines del siglo pasado y principios del actual surgieron alternativas de izquierda cuyo discurso era en contra de las políticas neoliberales y a favor de alternativas que favorecieran a los sectores más pobres de la población.

La izquierda no planteaba transformaciones radicales, más bien proponía una redistribución parcial de las enormes riquezas que producían los trabajadores de cada país. La derecha se opuso a estos cambios y logró con éxito derrocar los gobernantes de izquierda en Paraguay, Honduras y Brasil. En otros países como Argentina, Uruguay y Chile se desarrollan políticas neoliberales.

Según las definiciones más acertadas, “la ideología neoliberal se sustenta en la creencia de que los mercados abiertos, competitivos y ‘no regulados’, representan el mecanismo óptimo para el desarrollo socioeconómico”. Cualquier gobierno que disiente de un programa que no sigue esta línea es considerado dictatorial y totalitario por la derecha en Washington y en la región.

Es en este marco que hay que analizar el conflicto ente la derecha y la izquierda a principios del siglo XXI. Nik Theodore y sus asociados señalan que “la reacción del mundo industrializado, aunque vacilante al comienzo, fue comenzar a desmontar los componentes institucionales básicos de los acuerdos de posguerra, para poner en marcha un conjunto de políticas orientadas a fortalecer la disciplina del mercado y la competencia”.

En países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, la propaganda de la derecha (apoyada por EEUU) acusa a los gobiernos de dictatoriales  por no poner en primer lugar la ‘disciplina del mercado’. La izquierda es demonizada. Incluso, se buscaron viejos ‘izquierdistas’ para criticar a los gobiernos que proponían la construcción de Estados de bienestar a lo Keynes.

Recientemente, en torno a la violencia desata por la derecha (y Washington) en Venezuela, una carta de intelectuales supuestamente de izquierda criticó al gobierno chavista por sus errores administrativos. Sin embargo, no mencionó las tácticas terroristas de la derecha. Todos los ‘viejos’ izquierdistas, que se fueron a la derecha quedaron descalificados por sus exabruptos.

En la Asamblea Nacional, en el centro de la Revolución francesa, muchos delegados del ‘llano’ y de la ‘montaña’, que conformaban la izquierda, se pasaban a menudo al lado de la derecha, formada por nobles y burgueses. También se daban casos de deserciones de la derecha para enriquecer las filas de la izquierda. No hay que perder de vista, sin embargo, que la izquierda quería la República y no la monarquía. Igual en el siglo XXI, la izquierda lucha por una democracia participativa. En cambio, la derecha defiende el neoliberalismo. 

8 de junio de 2017.

La revista TAREAS: incertidumbre e ingobernabilidad

Esta semana comenzó a circular la revista TAREAS con su número 156 (mayo-agosto de 2017), dedicada al análisis de la realidad nacional y los problemas que afectan al mundo. TAREAS fue fundada en 1960 por el intelectual panameño Ricaurte Soler y un grupo de jóvenes socialistas que soñaban con un cambio social radical en Panamá y América latina. Desde aquella fecha, el mundo ha cambiado y la realidad panameña es otra.

El número 156 de la revista aborda ambos problemas que aún buscan soluciones en forma urgente. La presentación cita al periodista Raúl Zibechi, quien señala que “la desarticulación geopolítica global se traduce en América latina en una creciente ingobernabilidad que afecta a los gobiernos de todas las corrientes políticas. No existen fuerzas capaces de poner orden en cada país, ni a escala regional ni global”. Zibechi sostiene que “el dato central del período es la ingobernabilidad. Tres razones de fondo están en la base de esta situación crítica”.

La primera es la “creciente potencia, organización y movilización” de los de abajo, de los pueblos indios y negros, de los sectores populares urbanos y los campesinos, de los jóvenes y las mujeres. La segunda es “la aceleración de la crisis sistémica global” y la desarticulación geopolítica, expresada en el Brexit y la evaporación de la Unión Europea, la elección de Donald Trump y la persistencia de la alianza Rusia-China para frenar a EEUU. La tercera consiste en la “incapacidad de las élites regionales” de encontrar alguna salida capaz de integrar a algunos sectores de los trabajadores y cierta soberanía nacional.

La ingobernabilidad se relaciona con la incertidumbre. Hace apenas algunos años, la mitad de los gobiernos nacionales de la región eran caracterizados como progresistas. La reacción neoliberal fue contundente, socavando los experimentos que intentaban incluir sectores cada vez más amplios en los procesos sociales y económicos. ¿Es irreversible la tendencia o se recuperarán las organizaciones populares para reconquistar los espacios políticos?

La revista TAREAS reunió tres artículos - para presentar a sus lectores - que abordan el problema de la ingobernabilidad y la incertidumbre. Por un lado, los economistas Orlando Caputo y Graciela Galarce analizan el impacto de la crisis global sobre América latina.  Atilio Borón y Paula Klatcko exploran el significado del llamado ‘post progresismo’ que algunos señalan como signo de nuestros tiempos. Por último, Claudio Katz rescata las nociones sobre la dependencia que vincula estrechamente los procesos sociales en la región con las crisis de las potencias globales.

En la sección ‘Sociedad y Ambiente’, la revista TAREAS presenta el trabajo de Manuel Zárate sobre el agua en Panamá y la crisis del agro. Zárate sostiene en su análisis que Panamá ocupa un lugar importante en “la intensa socialización mundial de la producción (de agua) que nos asigna el rol logístico en el mapa geo-económico del planeta”. El artículo destaca el déficit de políticas públicas destinadas a equilibrar su distribución. A su vez, la profesora de Sociología, Keila Rodríguez, se pregunta “cómo son reconocidos los problemas ambientales en el imaginario social de los diferentes grupos sociales que conforman la sociedad”. Concluye que “la selección obedece a intereses económicos y ha sido generalizada en detrimento de la administración prioritaria de otros riesgos”.

En 2016 culminaron las obras de la ampliación del Canal de Panamá. William Hughes hace un examen cuidadoso sobre los costos, la justificación y el beneficiario del enorme esfuerzo. Su estudio arroja como resultado que “el proyecto no es rentable”. Además, sólo es justificable si se admite que EEUU es el principal usuario de la vía acuática. Hughes puntualiza señalando que “no importa – por tanto – si el proyecto es o no es rentable. De lo que se trata – para los usuarios – es que la vía introceánica siga funcionando a cualquier costo”.

La revista TAREAS rescata el bicentenario de Justo Arosemena (1817-1895), pensador liberal crítico, autor del Estado Federal y figura política cuya actividad atraviesa el siglo XIX. Su obra jurídica, política, sociológica la complementó con incursiones en la física. Eduardo Flores, actual rector de la Universidad de Panamá y profesor de física, explora esta faceta del ‘prócer’.

En la sección “Tareas sobre la Marcha”, el escritor y profesor universitario, Rafael Ruiloba, contribuye con un acercamiento crítico a la obra del “poeta nacional” Ricardo Miró. También se publica un extracto de la poesía ‘Mi alma tiene prisa’ del poeta brasileño Mario de Andrade.

1 de junio de 2017.