La sociedad
panameña en su conjunto ha llegado a un punto de hastío muy desestabilizador al
enfrentar la cadena de casos de corrupción continuos y sin interrupción desde
hace varios lustros. Los tres órganos del Estado – Ejecutivo, Legislativo y
Judicial – se encuentran permanentemente envueltos en escándalos que han
deslegitimado los aparatos de gobierno y a una clase social que se ha
enriquecido deshonestamente.
Con motivo
de los casos más recientes, las organizaciones populares decidieron salir
juntos para rechazar la corrupción y la impunidad que pretenden
imponer los gobernantes. A las cuatro
de la tarde se concentrarán frente a la Asamblea Nacional de Diputados para
marchar hacia la Corte Suprema de Justicia. Organizaciones sindicales,
empleados, estudiantes, mujeres y la sociedad panameña marcharán para denunciar
la situación con una demostración masiva de protesta.
En la
actualidad, hay un expresidente detenido en EEUU, también hay exministros
privados de libertad, enjuiciados o prófugos. Igualmente, hay muchos
empresarios que esperan que llegue la justicia a sus puertas.
El
presidente Juan C. Varela está consciente del desmoronamiento que experimenta el
tejido social del país, pero es incapaz de tomar medidas correctivas. El
Tratado de Libre Comercio ha arruinado empresarios agrícolas y pequeños
productores. Además, ha cerrado empresas y generado un desempleo galopante
(encubierto en el mal llamado ‘empleo informal’). En Barú (tierras de
producción bananera) se quiere expulsar a 800 familias de sus parcelas. En la
ciudad de Colón se está desplazando a miles de familias para limpiar un área
que pretende convertir en Zona Libre. En el área más poblada de la ciudad de
Panamá – Juan Díaz – las inundaciones provocadas por los rellenos de los
manglares para construir urbanizaciones ‘cerradas’ están perjudicando a más de
20 mil familias. Todos estos casos y muchos más son el producto de colusiones
entre gobernantes (a todos los niveles) y empresarios que se reparten los sobre
costos y las coimas para que todos miren en la otra dirección.
Los
gobernantes aseguran que entramos en una nueva era: la globalización. Gracias a
esta nueva forma de generar ganancias a escala mundial, los países como Panamá
deben competir para ser los primeros en arruinarse. Las políticas neoliberales
y el despojo generalizado son los métodos que permitirán hacer realidad la globalización.
Es una
lástima que la clase social que gobierna el país y comparten las riendas con el
capitalismo internacional no tengan idea de lo que realmente está viviendo el
mundo.
En lugar de
asumir una posición agresiva a escala global – aprovechando la posición
geográfica del país – los gobernantes y los capitanes de la clase financiera
extienden la mano hacia las corporaciones extranjeras pidiendo algunas migajas.
Nuestro
gobernantes le dan la espalda a la historia y nos hunden cada vez más en un
hoyo del cual será muy difícil salir. Después de una larga espera hizo su
aparición TISA (Trading in Service Agreement), tratado internacional
impulsado por EEUU que pretende homogenizar (globalizar) todos los intercambios
comerciales – mercancías y servicios – a escala global. El gobierno panameño
recién publicó una Resolución mediante la cual las corporaciones extranjeras
(mal llamadas ‘multinacionales’) pueden operar en el país sin las regulaciones
que controlan sus desafueros.
La
Resolución no corresponde a legislación alguna e, incluso, riñe con la
Constitución Política. La Resolución deja sin protección a los trabajadores de
cuello blanco. La Resolución también abriría a las universidades oficiales del
país a la competencia extranjera.
TISA fue
concebido por el grupo de los siete países (G-7) más poderosos en el mercado
capitalista mundial. Junto con el Banco Mundial y el FMI, descubrieron que
existen nichos ricos que pueden explotarse en forma ventajosa. TISA tiene como
objetivo borrar todas las fronteras nacionales de los llamados países
‘periféricos’ en el mundo: la globalización.
El gran capital financiero que opera a escala global pretende ampliar
los márgenes de las ganancias de los inversionistas de los países llamados
‘centrales’.
La extracción
de las riquezas de una región o de los países periféricos depende de la mano de
obra disponible y el nivel de desarrollo de esa fuerza de trabajo (el llamado
‘capital social’). A diferencia de las mercancías (commodities) no humanas (alimentos, minerales y otros bienes de
bajo valor agregado) que no protestan si son manipuladas o trasladadas a
distintos países, los seres humanos que son portadores de mano de obra o fuerza
de trabajo si protestan y se movilizan si son objeto de abusos.
7 de septiembre de 2017.
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